Punto de acuerdo para que Duarte sea investigado por sobornos Odebrecht a FCH y financiamiento a EPN
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que una vez concretado el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, continúe con las investigaciones y consigne ante tribunales competentes las indagatorias relacionadas con los delitos de financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los sobornos de Odebrecht a Felipe Calderón Hinojosa para realizar negocios en las instalaciones de Pemex en Veracruz, la muerte de 17 periodistas ocurridas durante su mandato y los delitos de lesa humanidad de desaparición forzada ocurridos en dicha entidad.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a proseguir, una vez concretado el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, las investigaciones y consignar ante tribunales competentes las indagatorias relacionadas con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, entre otros asuntos pendientes de investigación en Veracruz, a cargo del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
Cuitláhuac García Jiménez y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Primero. El pasado día sábado 15 de abril de 2017 fue detenido en Guatemala el ex gobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016, Javier Duarte de Ochoa, cargo que abandonó al pedir licencia el pasado 12 de octubre de 2016 y sobre quien pesa una orden aprehensión librada desde el 14 de octubre de 2016.
Fue aprehendido en el hotel “La Rivera de Atitlán”, uno de los más lujosos del municipio de Panajachel, en Guatemala.
Panajechel, forma parte del Departamento de Sololá y en él se encuentran algunos de los balnearios turísticos más conocidos de Guatemala, ubicado en la rivera del lago, poblado turístico ubicado en el Lago de Atitlán, unos 70 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala y cuya población de aproximadamente 11 mil personas es habitada por indígenas mayas.
La Procuraduría General de la República mediante un comunicado oficial1 señaló:
“Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país.
La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017.
De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.
En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada hace unos momentos.
Javier Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 13 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México. El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México.
Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy.
Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala, recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.
En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas.
El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación”.
Por su parte la Policía de Guatemala trasladó este domingo a una cárcel militar de la capital y fue ingresado al cuartel militar de Matamoros, una antigua instalación del Ejército donde un área fue modificada como prisión de reos de alto impacto.
Segundo. El nivel de desfalco durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ha sido catalogado de “histórico”2
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, indicó que se comprobaron irregularidades por 35 mil millones de pesos solo en el manejo de transferencias federales a Veracruz, la cifra más alta que se ha podido determinar en la historia de la Auditoría.
Asimismo señaló que se han presentado 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por 9 mil 500 millones de pesos que el gobierno estatal de Veracruz simuló reintegrar a la Tesorería de la Federación.3
Todo ello durante los primeros cuatro años del gobierno duartista, sin contabilizar los resultados de la auditoría de la cuenta pública de 2015.
El modus operandi criminal era el siguiente:
Ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por gasto ejercido sin comprobación suficiente, la Secretaría de Finanzas depositaba los fondos en cuentas de banco para solventar la investigación, pero al día siguiente se retiraban y desaparecía el dinero. Esto ocurrió en las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 y sobre el 2015 y 2016 la Auditoría Superior de la Federación presentará nuevas denuncias porque la práctica de extraer fondos federales para destinarlos a fines distintos a su objetivo se mantuvo en 2015 y 2016.4
Tan sólo el Informe de la Cuenta Pública 2015 establece que en el gobierno de Javier Duarte se desviaron 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación. Así mismo, 800 millones de pesos nunca fueron turnados a la Fiscalía local, a la Secretaría de Seguridad Pública ni al Poder Judicial local.
Por su parte la Universidad Veracruzana denuncia que el gobierno estatal dejó de cubrir el pago de 2 mil 250 millones de pesos del dinero de los trabajadores de dicha institución por lo que su funcionamiento se vio seriamente comprometido.
La administración de Javier Duarte estuvo plagada de severas irregularidades administrativas y el desvío de fondos públicos a tal grado que distintos ex funcionarios del gobierno Javier Duarte han sido vinculados a diversos procesos penales por su participación en delitos relacionados con la administración del gobierno anterior o con su fuga.
Entre los implicados se encuentra el propio ex gobernador interino de Veracruz Flavino Ríos, aprehendido por agentes de la fiscalía veracruzana acusado de prestar ayuda para la del propio ex mandatario Javier Duarte, mediante el uso de un helicóptero oficial, por lo cual un Juez de Control ha dictado un año de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Igualmente, el actual diputado federal Antonio Tarek Abdala, quien fue tesorero del gobierno duartista, se le vincula con la creación de empresas fantasma por lo que ha sido acusado por la Fiscalía del estado de Veracruz por el delito de peculado, la cual formalmente ha presentado una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que se encuentra en trámite en la Comisión Instructora y que pasará al pleno en las próximas semanas para que le sea retirado el fuero y pueda ser juzgado por el delito del que se le acusa, por el cual podría purgar hasta 15 años de cárcel.
Tercero. Adicionalmente al monumental desfalco ocurrido, desde el inicio del gobierno de Javier Duarte se cometieron diversos delitos que por su magnitud y alcance agraviaron profundamente a toda la sociedad y deben ser investigados a fin de no limitar las pesquisas al daño patrimonial.
Entre ellos podemos citar los siguientes:
A) El financiamiento ilegal del gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique peña Nieto en 2012;
B) Los tratos entre la empresa brasileña ODEBRECHT y Felipe Calderón concretados sobre las instalaciones de Pemex en suelo Veracruzano;
C) El altísimo número de periodistas muertos y la campaña oficial para restringir la libertad de prensa;
D) El número de asesinatos dolosos y desapariciones ocurridas y que están aún sin resolver.
A) El financiamiento ilegal del gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique peña Nieto en 2012
El viernes 27 de enero de 2012, la PGR detuvo a dos colaboradores del Gobernador Javier Duarte por transportar en un avión oficial dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo sin acreditar su origen ni destino. Por este caso tuvo que renunciar el Tesorero de Veracruz.
El Partido Acción Nacional, a través del senador Juan Bueno Torio acusó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de financiar la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, con recursos públicos. Bueno Torio comentó que su bancada demandó a la PGR y al IFE investigar el origen y el destino del dinero, “Sacar 25 millones de pesos en efectivo, moverlos en un avión, en portafolios, a otra entidad federativa, la verdad amerita una investigación del IFE y no solamente de la PGR, para ver por qué en tiempos de campaña se mueve esa cantidad de dinero”.5
El diario Reforma detalló que la captura se dio la noche del viernes 27 de enero, cuando Miguel Morales Robles, quien viajaba en una aeronave del Gobierno de Veracruz con matrícula XC-CTL aterrizó en Toluca procedente de Xalapa y llevaba dos maletas, una roja y una negra, en las que se hallaron 25 millones de pesos en efectivo. Morales Robles solo mostró un oficio, sin sellos, que supuestamente estaba firmado por el subdirector de Operación Financiera de la Tesorería Estatal, en el que se indicaba la transportación del dinero, pero no su origen ni destino. Morales Robles dijo a los agentes de la Policía Federal desconocer a quién o en dónde iba a entregar los 25 millones de pesos por lo que fue trasladado del aeropuerto a las oficinas de la corporación en Toluca.6
Luego, al lugar se presentó Said Sandoval Zepeda, quien se identificó como miembro del equipo de seguridad del Gobernador Javier Duarte, y exigió que le entregaran a Morales Robles por instrucciones de la oficina del Mandatario de Veracruz. No obstante, rechazó informar para quién era el dinero y en dónde lo iban a entregar. Ante ello, el guardaespaldas del gobernador también fue detenido.
Hechos que son sancionables en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales
“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
...
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;”
B) Los tratos entre la empresa brasileña Odebrecht y Felipe Calderón concretados sobre las instalaciones de Pemex en suelo Veracruzano
En diciembre de 2016 ante juzgados estadounidenses, la poderosa constructora brasileña Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, se declararon culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos en varios países, incluidos México en materia de contratos en el área petrolera.
A través de la Operación Lava Jato, conformada por Brasil, Suiza y Estados Unidos, a lo largo de 2 años, la Fiscalía brasileña investiga las operaciones de Petrobras en las que se incluye el manejo de sobornos durante la administración de Dilma Rousseff.
Fue así como comprobaron pagos corruptos para obtener contratos en varios países, incluidos México en los últimos 10 años. Para liberarse de acusaciones judiciales en aquellas naciones, la Odebrecht tendrá que pagar 3 mil 500 millones de dólares. Esto significa que la cantidad de sobornos pagados a políticos de varias naciones oscilan en “los cientos de millones de dólares”. Ambas compañías admitieron sus operaciones y la liquidación se hará en los primeros días de abril de año, 2017.
Por si fuera poco, el laboratorio israelí Teva deberá pagar una multa de 519 millones de dólares para cerrar procesos en Estados Unidos por sobornos pagados en México, Rusia y Ucrania. Esto, claro en tribunales de Estados Unidos.
Teva y sus subsidiarias pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios en varios países, e internacionalmente dejaron de implementar un sistema interno de control que impediría sobornos. En el caso de México el laboratorio admitió que su subsidiaria local permitió el pago de sobornos a médicos empleados por el gobierno por lo menos desde 2005, para que prescribieran el medicamento Copaxone, para la esclerosis múltiple.
En ambos casos quien sale ganando es el fisco de Estados Unidos, Brasil y Suiza. A México, donde las dos compañías sobornaron a funcionarios y médicos, no le toca ni un dólar. Lo que es peor, ni siquiera el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República, que encabeza Raúl Cervantes, ha solicitado información de la identidad de los funcionarios sobornados, ni de los médicos que, carentes de ética, prescribieron ese medicamento.
El gobierno mexicano está obligado moralmente a demandar una parte de los sobornos y suspender las concesiones y contratos que le otorgaron a la constructora Brasileña, considera la más poderosa del continente.
Odebrecht pagó sobornos a través de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore”, en países como Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En México la constructora brasileña maneja negocios con la Comisión Federal de electricidad y Pemex. De esta última participa en el proyecto de Los Ramones.
C) El altísimo número de periodistas muertos y la campaña oficial para restringir la libertad de prensa
La organización no gubernamental Artículo 19 calificó a Veracruz como un Estado fallido y peligroso donde no sólo se restringe la libertad de expresión, también existe una política estatal para limitarla. El gremio periodístico local, por su parte, acusó al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de ser cómplice de la ola de agresiones en contra de los comunicadores de la entidad.
En entrevista Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y América Latina dijo que la realidad que se vive en Veracruz muestra a una entidad donde no hay Estado de derecho y existe la impunidad.7
“La impunidad que impera desestima la labor periodística de las personas, al final el discurso del Gobierno es tratar de justificar las muertes o la violencia”.
Por su parte el gremio periodístico exigió al Gobernador Javier Duarte de Ochoa justicia.
“Señor Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, le exigimos justicia. Ya son 19 compañeros asesinados y su administración sigue siendo cómplice de la barbarie”, “Alzar la voz ya no basta para exigir justicia. Pero quedarnos callados no es permisible en un escenario donde reina la impunidad, como lo es Veracruz”.8
Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas, a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles a todos los niveles.
Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. En muchos casos, las redes sociales se han convertido en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a losblogueros que intentan romper la espiral de silencio.
Incluso el foto reportero de la revista Proceso Rubén Espinoza que se había autoexiliado en la Ciudad de México y que grabó un video responsabilizando de su vida al propio gobernador Javier Duarte fue asesinado. Después de la publicación de una foto suya en la portada de proceso donde aparecía el ex mandatario Javier Duarte y se leía “Veracruz estado sin ley”
Rubén Espinosa se exilió de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Sintió miedo después de que sujetos sospechosos daban cuenta de sus pasos al trabajo, casa y amigos. Esto comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza Regina Martínez -también corresponsal de Proceso . La placa con el nombre de Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: “La muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir”.
D) El número de asesinatos dolosos y desapariciones forzadas ocurridas y que están aún sin resolver.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde 2006 a la fecha se han documentado 5 mil desapariciones y a lo largo y ancho del estado se han encontrado innumerables fosas clandestinas.
El más reciente de los macabros hallazgos fue realizado el pasado 11 de marzo de 2017 cuando fue encontrada una nueva fosa clandestina en el municipio de Alvarado en la comunidad “El Arbolillo”, y hasta el momento se han encontrado ocho fosas con restos humanos en esa zona. Hasta el momento se han inhumado 47 cráneos y múltiples restos humanos,
El predio utilizado para ello se encuentra aledaño a la carretera federal 180 y en colindancias con la Laguna de Camaroneras según informó el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.9
Este nuevo cementerio se encuentra a 70 kilómetros del reportado en agosto de 2016, en las Colinas de Santa Fe, en donde se encuentra una cavidad que familiares de desparecidos que integran el Colectivo Solecito, Veracruz, llaman la alberca, pues grupos criminales acumularon al menos 245 cuerpos, y más de 14 mil restos óseos en 70 por ciento de ese terreno.
Mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado señaló:
“Comunicado con motivo del hallazgo de fosa clandestina ubicada en Arbolillo, Alvarado, Ver. 10
Derivado de los trabajos realizados hasta el día de hoy, por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de su área de servicios periciales, en la localidad Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz, se hace de su conocimiento que en este lugar se ubicó un punto en el cual se llevaron a cabo inhumaciones clandestinas.
Por ello, conforme lo marca nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se solicitó y se obtuvo por parte de un juez de control competente, radicado en la ciudad de Veracruz, la autorización legal para proceder a la exhumación de dichos restos humanos y también la autorización del propietario de la parcela para poder llevar a cabo los trabajos periciales.
Dichos trabajos periciales arrojan —hasta el momento— los siguientes resultados:
Se trabajaron 8 fosas, las cuales se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros del centro de Alvarado, ello, en un perímetro de 120 metros cuadrados que es colindante a la Laguna de Alvarado, de dichas exhumaciones hasta el momento se han extraído 47 cráneos, más múltiples partes corporales.
...”
Cabe señalar que el hallazgo en Alvarado se da días después de que el fiscal del estado Jorge Winckler reconociera que “hubo complicidad de las autoridades en la inhumación de personas en las fosas de Colinas de Santa Fe” , donde se han encontrado los restos de al menos 245 personas.
“Es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo sucedió aquí, y que ingresaban y salían vehículos. Si eso no fue con la complicidad de la autoridad, no entiendo de qué otra manera (fue)”.11
En ese terreno se han descubierto hasta ahora 125 fosas. De ese total, aún restan por inspeccionar dos de ellas por los peritos forenses y los miembros de la sociedad civil organizados en el Colectivo Solecito. Hasta el momento solo dos cadáveres de los encontrados en Colinas de Santa fe han sido identificados : el de un investigador de la fiscalía de Veracruz y su secretario, quienes portaban identificaciones oficiales.
Es necesario señalar que el hallazgo de este enorme cementerio clandestino fue realizado por los integrantes del “Colectivo Solecito” quienes iniciaron labores de búsqueda y de localización el pasado 3 de agosto de 2016 , y que a partir del día 8 del mismo mes empezaron a encontrar fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, encontrando en los días ya mencionados 28 fosas clandestinas, en un radio de dos hectáreas de quince hectáreas aproximadamente por analizar, que en lo sucesivo de la búsqueda de cuerpos fue aumentando el número de fosas a 38 fosas conforme iban avanzando en la búsqueda por parte de los ciudadanos que integran dicha agrupación.
Por su parte otros integrantes del colectivo “solecito veracruzano” han manifestado que la zona donde se localizaron las fosas clandestinas se encuentran ubicadas en la zona norte del Municipio de Veracruz, que limita con una área que se encuentra en constante vigilancia como lo es la zona portuaria, donde les parece extraño que de tratarse de una zona urbana donde se supone hay vigilancia, las autoridades no pudieron percatarse de lo que estaba sucedieron en el lugar, a menos refieren, que la autoridad estuviera al tanto de lo que realmente pasaba ahí.
Con relación a lo anterior es de preguntarse, cómo es que realmente sucedieron estos hechos sin que ninguna autoridad estatal o municipal se diera cuenta, con testimonio de los propios integrantes del colectivo, mencionan que para realizar todas esas fosas clandestinas, y por la magnitud del terreno, que mide aproximadamente 15 hectáreas de longitud, los que se encargaron de realizar todas esas fosas clandestinas tuvieron que haber utilizado algún tipo de maquinaria para hacer las excavaciones, como un trascabo, y por otro lado tuvieron que movilizarse muchas personas en vehículos particulares o de algún tipo para trasladar los cuerpos que se encuentran en donde ellos han denominado un cementerio, debido a lo que han presenciado y visto.
Cabe mencionar que en el preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se señala que la subsistencia en el continente de las desapariciones forzadas era innegable y que su práctica de forma sistemática constituía un crimen de lesa humanidad . También se le considera una “grave ofensa a la naturaleza, odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la carta de la organización”.12
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, indica que para efectos de esta convención:
“Se considera desaparición forzada, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o por grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Así mismo se recuerda que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene como fundamento los atributos de la persona humana. Por lo que debe ser perseguida y sancionada en nuestro país.
Cuarto. Según el Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por extradición se entiende el “...procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se encuentran involucradas las soberanías de dos o más naciones, asistiéndose de manera recíproca y solidaria para la entrega de los delincuentes o convictos que se hallan en territorio de otro país, para que pueda éste someterlos a juicio, y en su caso, aplicarles las sanciones o medidas de seguridad correspondientes.”13
La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona refugiada en su territorio a otro Estado que la reclama, por estar inculpada, procesada o convicta en éste de la comisión de un delito del orden común, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta.14
En este orden de ideas, es posible considerar que la institución de extradición es la máxima expresión de la cooperación en materia de lucha contra el delito entre países, y es la herramienta que permite a un Estado detener y entregar en custodia a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que lo requiere a los efectos de afectarlo a una investigación en curso o para que cumpla una pena impuesta.
La cooperación jurídica internacional en materia penal es un importante mecanismo mediante el cual la Comunidad Internacional hace frente al delito en general y, especialmente, a la delincuencia transnacional.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados15 de 1969 en su artículo 2 numeral 1 inciso “a”, indica que:
“Tratado : Se entiende por tratados un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”
Por su parte, la Ley sobre la Celebración de los Tratados,16 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, indica:
“Artículo 2o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.”
En este orden de ideas y conforme al tratado de extradición firmado, entre el gobierno la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, ambas naciones establecieron una cooperación más eficaz con miras a combatir la criminalidad y perseguir a los delincuentes que salen de sus respectivas fronteras en el cual se comprometieron “a entregarse mutuamente, a toda persona que, encontrándose en el territorio de alguno de los dos Estados, sea reclamada por cualquiera de ellos, en razón de que sus autoridades judiciales competentes hubieren dictado en su contra una orden de aprehensión o reaprehensión o bien el cumplimiento de una sentencia de pena privativa de libertad, como consecuencia de un delito cometido dentro del territorio de la Parte Requirente (artículo 1)”.17
Por las razones arriba señaladas, se propone ante esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que una vez concretado el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, continúe con las investigaciones y consigne ante tribunales competentes las indagatorias relacionadas con los delitos de financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los sobornos de Odebrecht a Felipe Calderón Hinojosa para realizar negocios en las instalaciones de Pemex en Veracruz, la muerte de 17 periodistas ocurridas durante su mandato y los delitos de lesa humanidad de desaparición forzada ocurridos en dicha entidad.
