• Con esta reforma, se determina el plazo para reunir firmas y orden en la distribución territorial del respaldo ciudadano; el Ople tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó el dictamen de decreto por el que se reforma el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de Revocación de Mandato, precisando que este mecanismo de participación ciudadana y rendición de cuentas contará con reglas claras, verificables y accesibles.
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El dictamen, que registró 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, fue sometido a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Procesos Electorales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
De esta manera, se establece en el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Carta Magna estatal que, “durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional marcado en esta Constitución, la ciudadanía con derecho para votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado, distribuidas en cuando menos la mitad más uno de los municipios, y que en cada uno de éstos representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores del municipio respectivo”
Lo anterior, “a efecto de presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión de dicho tercer año sus respectivas intenciones para la celebración de dicho procedimiento, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de tal requisito dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del periodo concedido, conforme al procedimiento de verificación que establezca la ley de la materia, y en caso de estarlo expedirá de inmediato la convocatoria respectiva”.
Las instancias legislativas que analizaron la propuesta del PVEM exponen en el dictamen que la previsión relativa al mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional debe entenderse como una etapa preparatoria de recolección de apoyos ciudadanos, y no como presentación anticipada de la solicitud.
Refieren que la exigencia de que, en cada municipio comprendido dentro de la mitad más uno, los apoyos representen cuando menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal, no altera el umbral estatal del 10 por ciento previsto como base mínima, “su finalidad es ordenar la distribución territorial del respaldo ciudadano, para que la solicitud tenga presencia verificable en el número de municipios exigido y pueda ser calificada por la autoridad electoral con parámetros objetivos”.
Por otra parte, estiman oportuno precisar el término de 30 días naturales para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) verifique el requisito de apoyo ciudadano, remitiéndose el procedimiento a la subsecuente ley en la materia, de manera que se cuente con término, método y consecuencia expresos, “pues la convocatoria se expide únicamente cuando el requisito se encuentra satisfecho”.
Previamente, las Comisiones puntualizan que el Decreto federal, publicado el 26 de diciembre de 2019, precisó, en su régimen transitorio, que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, a partir de la pérdida de la confianza. Asimismo, ordenó a las entidades federativas garantizar ese derecho respecto de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo indicó que la participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino que se mide por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo. Añadió que se da mayor certeza a la revocación de mandato frente a intereses particulares y que se convierte en un instrumento ciudadano y no una herramienta de coyuntura política.
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Externó que la reforma protege el valor del voto, “quien llega al gobierno lo hace porque millones de ciudadanos y ciudadanas depositaron su confianza en las urnas, ese mandato popular merece respeto”.
Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía expresó que con esta reforma se blinda la revocación de mandato. “Le quitamos los pretextos a cualquier autoridad que intente frenar la voluntad popular. Hoy le entregamos a las y los veracruzanos una herramienta de participación ciudadana mucho más clara, ordenada y funcional”.
Previamente, indicó que se establece que en cada municipio de la entidad deberá reunirse como mínimo el tres por ciento de su respectiva lista nominal, “con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre solo en las grandes zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio estatal”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, precisó que debe darse a la ciudadanía la oportunidad para decidir libremente sobre la revocación de mandato. Enlistó los pasos a seguir y se pronunció por hacer más sencillos los ejercicios de participación democrática.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, manifestó su respaldo al dictamen y externó que con esta acción se armonizan las disposiciones constitucionales del estado a los criterios federales, estableciendo reglas claras y la calificación de requisitos dentro de un plazo determinado.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir las firmas y que las normas se acomodan a conveniencia. “Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, aseveró que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato al incrementar la lista de electores firmantes y hacerlo la mitad más uno de los municipios. “Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, añadió.
En el debate en lo general participó el diputado Héctor Yunes Landa, quien se pronunció a favor de la revocación de mandato en Veracruz siempre y cuando represente un verdadero fortalecimiento de la democracia directa, el control ciudadano sobre el poder público y la exigencia de una rendición de cuentas efectiva; y la diputada Montserrat Ortega Ruiz, quien subrayó que se está ante una decisión constitucional sin tener claridad suficiente de cómo se va a garantizar el procedimiento de revocación de mandato.
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