LOS PORKYS Y LA IMPUNIDAD DEL PRI
En tiempos electorales es muy común, y hasta resulta probable, que los problemas sociales se politicen, pero el agravio sexual y psicológico que sufrió una joven por parte de cuatro rufianes de “cuello blanco” apodados “Los Porkys de Costa de Oro” ya se enturbio con la presencia de la impunidad y corrupción del PRI-Gobierno, hasta de su propio candidato.
Resulta que Héctor Yunes Landa, candidato del PRI al gobierno de Veracruz, inmiscuyó a su pariente el abogado, Edgar Cinta Pagola, gente de confianza del abanderado tricolor, además de ser coordinador del grupo priista “Alianza Generacional”, y todavía se atreve a pedir que no se politice el asunto, cuando ya lo enturbio con el tráfico de influencia.
El abogado defensor de los cuatro rufianes resulta ser el abogado Arturo Herrera Cantillo, pero por la intervención de Yunes Landa envió a su compadre, emparentado porque el vástago del abogado está casado con Rossana Yunes, hija del hermano del candidato), lo que significa que el caso ya se enturbió con la corrupción e impunidad del PRI.
No se puede defender los indefendible, la bajeza de los cuatro rufianes de “cuello blanco”, los implicados: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, serán cobijados por el manto de la impunidad, la corrupción y tráfico de influencia, así se maneja el PRI-Gobierno.
La política del PRI, ahora con su candidato, Héctor Yunes Landa se conducen con el compadrazgo, la tapadera de rateros, defensores de delincuentes, de estos Juniors de “cuello blanco”, de los que nunca pisaran la cárcel por ser parte de la mafia del poder, de los que pisotean la dignidad del pueblo, de los indefensos.
Estos rufianes ya están confesos, existe una videograbación, pero ahora resulta que fueron obligados a grabar una disculpa, que fueron amenazados –exactamente cómo opera el PRI-Gobierno-, cuando la gente del poder político y económico va a permitir que sus vástagos –por muy culpable que sean- vayan a pisar la cárcel, la prisión solo es para los pobres.
MARCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Familiares, amigos, vecinos y ciudadanía en general marcharon este lunes -28 de marzo- para exigir al gobierno de Javier Duarte Ochoa alto a la impunidad, corrupción y tráfico de influencia en el caso de la joven ultrajada y violada por cuatro sujetos de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, hijos de empresarios ligados al candidato del PRI.
Esta marcha de protesta, se suma a la inconformidad generalizada en toda la entidad ante el alto índice de inseguridad y la falta de garantías para los veracruzanos, ahora por la menor que fue abusada sexualmente por cuatro Juniors, ligados a políticos y empresarios de esta entidad, pero principalmente al candidato tricolor, Héctor Yunes Landa.
Los diversos medios de comunicación destacan la noticia por la impunidad en que se maneja este asunto delicado para la sociedad veracruzana, de los cuatro Juniors llamado la banda de “Los Porkys de Costa de Oro”, exclusivo fraccionamiento del municipio del Boca Río, asunto que se ventila desde el 2015 sin que hasta el momento se haga justicia.
Los ciudadanos inconformes e indignados marcharon portando pancartas y globos blancos para exigir justicia, coreando: “Veracruz ¿Qué pasa? Levantemos la voz, justicia” y “Sr.
fiscal pedimos: justicia y cárcel para los violadores”, a la vez de pedir a gritos: “No más impunidad”, así exigían un ejemplar castigo para los 4 mozalbetes.
Por su parte, Javier Fernández, padre de la menor violada, reprochó que desde hace cuatro meses se esperaba una sentencia condenatoria contra los agresores, pero en lugar de emitir el fallo, ahora le piden más pruebas. Los papás de tres de los jóvenes son empresarios que hacen negocios en Boca del Río y a nivel estatal.
Primera mentira: Edgar Cinta Pagola NO APARECE EN EL EXPEDIENTE COMO ABOGADO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, es decir ni siquiera es verdad que sea “su abogado”, el UNICO abogado acreditado es Arturo Herrera Cantillo. Por lo tanto Cinta Pagola comprobado está, acompaña a los presuntos violadores en calidad de abogado del PRI, de Duarte, de Fisculín, y de su candidato. Listo.
Segunda mentira: Fisculín no fue quien solicitó la presencia de Derechos Humanos para avalar que no hubiera irregularidades en el proceso. Al contrario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos TUVO que intervenir porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos SE LO ORDENÓ por una denuncia (FEGJ1603200001) en contra de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia de Veracruz, interpuesta por el señor Javier Fernández, padre de la víctima. Y por el tipo de delito denunciado, esta procedió de inmediato en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se giró la instrucción.
Tercera, cuarta, quinta, y sexta mentira: “No hay pruebas”, “Ella se subió al coche con ellos por gusto”, “Quería seguir la fiesta”, “No le hicimos nada”, “Se contradice en su declaración”, “Sus amigas corroboran que se fue por gusto y solo la recogieron en el lugar acordado”.
Las pruebas que obran en la investigación son: el señalamiento directo y categórico de la víctima. Las declaraciones de las y los testigos. Los videos que al ser aportados por una de las partes (el padre de la menor) TIENEN VALOR LEGAL, porque además se grabaron con la autorización de los presuntos responsables y existe una pericial que acredita la veracidad de los videos (es decir, que no están truqueados). Videos de cámaras de vigilancia del lugar (PH) que acredita que se la llevaron a la fuerza. Inspección y reconstrucción de hechos. Y las periciales (ginecológica y psicológica).
Según consta en el expediente TODOS aceptan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos. La víctima señala claramente que fue violada. Sus amigas, testigos claves declaran que se la llevaron a la fuerza y que las llamaron para que fueran a recogerla a la casa de uno de ellos (la sábana de llamadas concuerda con la declaración). También declararon que la víctima salió con la ropa mal acomodada, llorando y diciendo “por qué me hicieron eso, yo no quería”. Existen fotos del momento en las que se ve a dos de los jóvenes señalados sin camisa.
Por otro lado la pericial en psicología señala que el trauma SI OCURRIÓ. Es decir que la víctima NO MIENTE. La pericial en ginecología acredita la ruptura y desgarre vaginal, que si bien no es reciente dado que se practicó meses después, sigue siendo VÁLIDO. La inspección ocular del lugar donde sacaron a la menor, y a donde la llevaron, valida la declaración de la víctima y de las testigos. También es ABSOLUTAMENTE FALSO, según el expediente, que la menor haya cambiado su declaración ya que DECLARÓ SOLO UNA VEZ Y SEÑALÓ DIRECTAMENTE A SUS AGRESORES. Detallando circunstancias del modo, tiempos, y lugares en los que ocurrió cada hecho denunciado. Séptima mentira: “NO HAY ELEMENTOS AUN PARA CONSIGNAR”… La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala para estos delitos en jurisprudencia lo siguiente: “El señalamiento directo de la víctima, más aún cuando existe certificado médico ginecológico y dictamen psicológico (precisa que aunque estos no existieran), es suficiente para dictar orden de aprehensión. Por lo tanto y con las pruebas señaladas, en este caso hay ELEMENTOS SUFICIENTES para consignar, y los 300 violadores encarcelados sin la mitad de estas pruebas, demuestran el encubrimiento por parte de la Fiscalía.
LA CUENTA: Pero si todo esto le parece poco a Fisculín y al abogado del PRI, está el ARTICULO 182 (reformado gaceta oficial 2 de abril del 2010), que
señala: A quien con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal, u oral, el órgano sexual, o cualquier otra parte del cuerpo distinta a este, o cualquier artefacto en el cuerpo de una persona menor de 18 años, se le impondrán de 6 a 30 años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario mínimo. A quien sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal, u oral, abuse sexualmente de un menor de edad, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión, o necesidad económica, o de su estatus de autoridad respecto a la víctima, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de hasta 250 días de salario mínimo.
¿Algo más que agregar? SI…. Medio gramo de madre señores. Imposible pedirles más.
