Reportan que Veracruz enfrenta crisis forense por alto número de fallecidos sin identificar
El estado de Veracruz enfrenta una crisis forense que lo ubica en el octavo lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor número de personas fallecidas sin identificar, con mil 391 casos aunque colectivos y familiares de personas desaparecidas advierten que la cifra puede ser aún mayor.
El reporte del Movimiento Nuestro Desaparecidos reporta que el estado está entre las entidades en donde se tiene un aproximado de ente 2 mil 115 y 4 mil 188 personas reportadas como desaparecidas.
El ejemplo es el de la Fiscalía General del estado de Veracruz que reportó un total de mil 391 personas fallecidas no identificadas, pero el 35 por ciento de esas personas (490) ha sido localizado sólo en dos de las muchas fosas clandestinas identificadas en el estado (Colinas de Santa Fe y Arbolillo), por lo que señalan que es altamente probable que la cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz sea mayor.
Pese a ello, en el estado la frecuencia del uso del análisis genético en las identificaciones que se han logrado corresponde al 0,10 por ciento, la segunda peor cifra después del estado de Yucatán con apenas 0,03 por ciento.
El reporte advierte que la crisis está relacionada con un incremento notorio en los niveles de violencia a partir del año 2006 que coincide con el cambio de la política de seguridad pública, llevando a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública para combatir a la delincuencia organizada, pero también a la incapacidad del Estado, y concretamente, de los servicios forenses, para responder a las necesidades crecientes de identificación humana.
Lo anterior se pone en evidencia en el caso de Veracruz porque hasta el 31 de agosto de 2020 no se usaba una base de datos ante mortem y post mortem (información provista por el análisis de los cuerpos de personas fallecidas, lo cual dificulta la identificación de cuerpos.
En el caso de las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe y Arbolillo, aproximadamente sólo 50 de los 540 cuerpos exhumados han sido identificados, lo cual representa el 9 por ciento de los casos, a pesar de contar con perfil genético de todos ellos.
“Tenemos sospechas razonables de que algunas autoridades podrían no estar informando las cifras reales por temor a las repercusiones sociales y políticas que podrían causar”, advierte el reporte.
A esto se suma que hay una insuficiente capacidad institucional para identificar, con certeza, a la velocidad que se requiere. El incremento acelerado de personas fallecidas sin identificación no ha sido correspondido con una proporcional expansión, capacitación y modernización de los servicios forenses, especialmente aquellos servicios dedicados a la identificación humana.
El estado de Veracruz no tiene especialistas en antropología física, ni técnicos en radiología, por lo cual la escasez de personal forense provoca un rezago en la elaboración de peritajes.
Lo antier ya que de los 910 cuerpos enviados a la fosa común en el estado de Veracruz entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían los peritajes necesarios para completar sus archivos básicos de identificación.
Y aunque hay propuestas de las autoridades que ya se han puesto en marcha estas todavía son incipientes y no responden de manera eficaz a la necesidad que se enfrenta en el estado, como la construcción de los centros regionales de identificación humana en Nogales y Coatzacoalcos, así como la construcción de tres cementerios forenses
Otro ejemplo de atención es el Plan de intervención forense en las fosas clandestinas de “La Guapota”, en el municipio de Úrsulo Galván, que fue elaborado por colectivos de familiares de personas desaparecidas e instituciones estatales y federales e internacionales en 2019.
El Plan tiene el objetivo de coordinar las tareas y acciones que las instituciones realizan durante los procesos de búsqueda, recuperación, identificación y restitución de restos humanos, en el marco de sus responsabilidades. Se estima que podrían existir, como mínimo, 72 puntos del predio con personas inhumadas clandestinamente.
Sin embargo, hasta el momento se ha identificado a tres personas. Se trata de una intervención de mediano plazo, la cual se ha visto demorada por causas externas, como la pandemia.
El documento advierte que el Plan puede convertirse en una buena práctica porque prioriza la participación de las familias durante todo el proceso, incluyendo el abordaje forense y el psicosocial, así como la coordinación interinstitucional. Además, tiene una visión de intervención a mediano y largo plazo, algo que no suele suceder en estos contextos.
