Recibe Congreso propuesta de la gobernadora para nueva ley de seguridad pública
11 de Diciembre de 2025.-La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó a la Comisión Permanente de Seguridad Pública la Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado remitida a esta Soberanía por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
Dicha propuesta plantea, primeramente, regular la coordinación y cooperación del Gobierno del Estado y los municipios, y de ambos con la Federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y en segundo lugar, establecer el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública, conforme a la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con su proponente, el propósito central de este proyecto es la armonización normativa integral entre la vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el marco jurídico estatal, de manera que se consolide un cuerpo legal que, respetando la estructura nacional, atienda a las particularidades de la organización institucional del estado.
En este proceso, explica la mandataria, se busca fortalecer el Sistema Estatal mediante la precisión de atribuciones, así como la actualización de los principios y fines de la función de seguridad pública, incorporando expresamente la perspectiva de género, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el federalismo cooperativo y la protección diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, plantea que se otorgue claridad a la distribución de competencias, delimitando las atribuciones del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de los municipios y de las demás autoridades involucradas.
Esta armonización –expone la gobernadora- también contempla la homologación de procedimientos institucionales en materia de reclutamiento, selección, formación, certificación, permanencia y régimen disciplinario, conforme a estándares nacionales, asegurando con ello la profesionalización del servicio público en materia de seguridad.
Por último, reconoce la importancia de la participación social y del control democrático, al establecer mecanismos que permitan a la ciudadanía intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad, la adecuación de los órganos existentes, la armonización de los reglamentos municipales y los ajustes presupuestales que resulten necesarios.
