Príncipe de Arabia Saudita aprobó capturar o matar al periodista Khashoggi
Estados Unidos desclasificó un explosivo informe de inteligencia que revela que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, autorizó "capturar o matar" al periodista Jamal Khashoggi.
El príncipe, heredero del rey Salmán y gobernante de facto del reino, "aprobó una operación en Estambul, Turquía, para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi".
Según las autoridades turcas fue asesinado en la sede diplomática el 2 de octubre por un escuadrón de 15 sauditas que primero lo estrangularon y luego desmembraron su cuerpo. Sus restos nunca fueron encontrados.
Tras la desclasificación, Estados Unidos anunció sanciones contra decenas de sauditas relacionados con la muerte Khashoggi, que era colaborador del diario The Washington Post, y anunció que prohibirá el ingreso de personas que amenacen a disidentes en sus países.
"Hemos dejado claro que las amenazas extraterritoriales y los ataques de Arabia Saudita contra activistas, disidentes y periodistas tienen que terminar. No van a ser tolerados por Estados Unidos", afirmó el jefe de la diplomacia Antony Blinken en un comunicado.
Pocos observadores creen que un asesinato de este tipo podría haber ocurrido sin la anuencia del príncipe Mohamed, dado que el gobernante ha encarcelado a numerosos críticos y a facciones de su propia familia. Bajo las fuertes presiones de Estados Unidos y de la comunidad internacional, el gobierno saudita enjuició a algunos de los perpetradores. En el proceso a puerta cerrada fueron exonerados dos altos mandos considerados como los autores intelectuales: Qahtani y el entonces subdirector de los servicios de inteligencia Ahmad al Asiri. Ambos forman parte del círculo más íntimo del príncipe y este viernes Estados Unidos anunció sanciones contra al Asiri. Cinco personas que no fueron identificadas recibieron condenadas a muerte y otras tres fueron sentenciadas a duras penas de prisión. Pero nueve meses después, las sentencias de muerte fueron reemplazadas con penas de 20 años de cárcel. Amnestía Internacional y Reporteros Sin Frontera calificaron el proceso como una "parodia de la justicia".
