La escalada que amenaza con la desaparición de poderes
Los fuertes desencuentros entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tienen una historia larga, que alcanzó punto máximo -hasta este momento- el miércoles 19 de mayo, luego de que un juez giró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal y seis funcionarios públicos más, presuntamente involucrados en una red de lavado de dinero.
En la escalada política, la bancada de Morena en el Senado ha advertido que podría solicitar la desaparición de poderes.
Las fricciones públicas entre ambos comenzaron en 2020, cuando García Cabeza de Vaca, junto con los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Miguel Riquelme, Coahuila, formaron la llamada “Coordinación Noreste COVID-19”, que buscaba hacer un cerco a la pandemia del coronavirus.
Los mandatarios de los tres estados demandaron mayores recursos para fortalecer los servicios sanitarios y la revisión del Pacto Fiscal debido a que consideran que las entidades del norte del país son las que más recursos aportan a la federación y no reciben lo necesario para resolver las necesidades de las entidades.
Al poco tiempo, otros gobernadores se sumaron a la agrupación, hasta convertirse en la llamada Alianza Federalista que ahora agrupa 12 mandatarios estatales, todos emanados de partidos opositores a Morena, el cual fue fundado por Andrés Manuel López Obrador.
A finales de julio de ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra García Cabeza de Vaca, su madre, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos personas más “que manejan dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción”.
Se supo que el mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional, era investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Según esa acusación, el gobernador se habría favorecido de presuntas ganancias del crimen organizado, por lo que se señaló, existían evidencias (telefónicas) que se encuentra en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y la Unidad de Inteligencia Financiera, que contribuyó con pruebas contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.
